En los días pasados, hemos visto lo mejor y lo peor de este país: han sobrado manos que se ofrecen a ayudar, pero también ha habido asaltos a civiles y a camiones con ayuda. El objetivo de toda esta disposición es que la ayuda que sale de un lugar llegue a las personas damnificadas.

Como todo es política en México, no nos tardamos en exigirle a los partidos políticos que no usen nuestros impuestos para tener que soportar las caras de sus candidatos en cada una de las esquinas del país –vaya, hasta en edificios dañados–, sino para ayudar a los mexicanos y reconstruir al país.

El total de gasto de campaña para 2018 será de poco más de dos mil millones de pesos, entre los nueve partidos políticos nacionales. El financiamiento público ha funcionado como prevención para que los partidos no reciban recursos privados sospechosos, salvo en porcentajes mínimos de los afiliados y simpatizantes, porque gracias a nuestra realidad, el descaro de fondos multimillonarios de empresas, televisoras, funcionarios ‘desviadores’, recursos ilícitos y demás, sería abrumador.

La primera reacción de los legisladores fue mezquina, diciendo que aunque quisieran, no podrían hacerlo porque la ley no lo permite y porque las leyes aplicables a las elecciones de 2018 no se podrían modificar. Algo así como un “somos re-nobles, qué más quisiéramos pero la ley no nos deja”.

 

Con el paso de las horas más críticas, que muchos hemos presenciado, los partidos salieron a presumir que iban a hacer lo posible por donar dinero de su financiamiento público, y empezaron escatimando con el 25%, después con la mitad y al final, reconocieron que tenían que renunciar absolutamente a todo el presupuesto.

Ahora, para no divagar en los cientos de escenarios que se pueden proponer para reducir costos del carísimo Estado que tenemos (quitar plurinominales, quitar servicios a altos mandos, etc.) veamos si se puede reformar la Constitución para reconstruir este país.

El bombardeo mediático va hacia declaraciones, boletines, videos (sí, vía Twitter), oficios y papeleo vacío que de nada les vale a los miles de damnificados. La única opción que establecería legalmente un camino para esos recursos, es una Reforma Constitucional Exprés. El tema es que se debería legislar como nunca se ha hecho en este país: rápido y bien.

Van a llover propuestas (legislativas, ciudadanas, ejecutivas) de Reforma, con interpretaciones entre líneas, omisiones y lagunas, lo que se ve seguido en el inerte Congreso. Como los legisladores son los que pueden llevar a cabo las reformas, y los legisladores son los partidos, todo el problema reside en si los partidos se comprometen a trabajar juntos en un documento que termine en reforma, o si se dedicarán a hacer actos mediáticos y declaraciones frente a la campaña de 2018.
En caso de que todos los partidos en verdad quieran llevarlo a cabo, hablaríamos de una reforma cuya discusión sea intensa para tener un texto final que sea aprobado sin sesiones maratónicas del Congreso, que suelen ser frustradas por ausentismo, toma de mesas, o cualquier pretexto inventado.

Podríamos tener una reforma en un mes que definitivamente les quite nuestros impuestos a los partidos, pero eso implicaría un posible financiamiento privado que, a juzgar por su historial, sería todo menos transparente y abierto. Renunciar a los recursos con una hoja que reciba el INE no basta; sin embargo ese acto se puede revertir, siempre con la Constitución al frente de lo que ocurra en materia legal. Lo único que sirve es una reforma exprés pero bien pensada, y sobre todo, definitiva.

Ahora, ¿para qué necesitan ese dinero? México podría estar frente a las primeras elecciones en su historia en las que los partidos no tengan que gastar en propaganda (espectaculares, mochilas, loqueselesocurra) con el logotipo del partido o la cara de su candidato. Preferiríamos diez debates a millones de spots, así como ideas claras y propuestas bien pensadas a jingles pegajosos y bobos.

Sí se puede hacer política sin dinero, y más en esta época, con redes sociales, videos y demás contenidos abiertos a todo el público.

Por: Federico Franco, abogado por la UNAM, trabaja en materia electoral.